Desde la Plataforma en Defensa de una Educación Sexual Científica, queremos difundir el siguiente comunicado, dada la importancia para la vida de las/os ciudadanos españoles de ser aprobado el anteproyecto de ley:
La Plataforma en Defensa de una Educación Sexual Científica exige la inmediata retirada del anteproyecto de ley que con el título de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada ha presentado el gobierno de Rajoy y que siga vigente la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en 2010. Entre las razones que justifican dicha exigencia cabe destacar las siguientes:
1ª El anteproyecto de Gallardón niega a las mujeres el derecho a decidir sobre su maternidad. Pese al rimbombante título, no respeta la libertad y autonomía de la mujer embarazada para decidir sobre su cuerpo y su vida. Suprime el derecho de la mujer a interrumpir libremente su embarazo en las 14 primeras semanas que la ley de 2010 le reconoce y al que se han acogido el 91,3% (más de 100.000) de quienes abortaron en 2012.
2ª A los redactores del texto parece molestarles el Nosotras parimos, nosotras decidimos. Las únicas medidas que se proponen van encaminadas a que la embarazada se vea obligada a parir: sólo se podrá abortar en dos supuestos y eso con enormes obstáculos (más informes médicos, entrevista con los servicios sociales, semana de reflexión,…). Se obliga a parir incluso en los casos de graves malformaciones fetales. Es decir, además de negarles la capacidad de decidir, el texto dado a conocer se ensaña con las mujeres aumentando de forma inhumana su sufrimiento.
3ª Si el texto propuesto llegara a convertirse en ley se crearía una enorme inseguridad sanitaria y jurídica. Más del 90% de las mujeres que interrumpieron su embarazo en 2012 no podrían hacerlo y se verían forzadas a viajar al extranjero o a arriesgarse a una intervención clandestina que no podría tener las suficientes garantías sanitarias y podría acarrear consecuencias penales también al personal sanitario que la practicase.
4ª Es un anteproyecto hipócrita: afirma pretender reducir el número de abortos, pero es bien sabido que la mejor forma de prevenir embarazos no deseados es la educación afectiva y sexual de la población y, por supuesto, propiciar el uso de anticonceptivos. El texto presentado no ofrece ninguna medida en esta dirección, ni lo hacía la ley de educación recientemente aprobada. Es más, en la Comunidad Valenciana, donde gobierna el mismo partido que redacta el anteproyecto, han sido suprimidos programas de educación sexual y restringidos algunos procedimientos anticonceptivos.
Sin estas medidas y recortando las prestaciones sociales, también parece hipócrita afirmar que se vela por la vida en formación.
5ª Se trataría de una modificación legal retrógrada y absolutamente innecesaria. Vuelve a considerar el aborto un delito. Derogaría una ley de plazos, la de 2010, homóloga con las de la mayoría de países europeos, que ha funcionado razonablemente bien y que se ha mostrado eficiente. Con ella ha disminuido el número de abortos y los realizados lo han sido en momentos muy tempranos, es decir, con mucha más seguridad. Según las últimas encuestas la vigente ley de plazos es aceptada por la mayoría de la población.
6ª Es una ley radicalmente injusta que aniquila derechos fundamentales de la mujer y que contraviene un principio ético socialmente admitido: la libertad de decidir ser madre. Al negar este principio tan ampliamente aceptado, el anteproyecto se alinea con el sector social más integrista, religioso especialmente, al pretender imponer en una ley criterios morales privados. La ley ha de basarse siempre en principios comúnmente compartidos.
Por todo ello, esta Plataforma requiere del Gobierno la inmediata retirada del anteproyecto. Dicho requerimiento es hecho en coherencia con el manifiesto fundacional de la Plataforma, en el que se denunciaba la necesidad de instaurar en el sistema educativo y en el conjunto de la sociedad, de forma eficaz y sostenida, una educación sexual con todas las exigencias del rigor científico y profesional. La educación sexual, como toda educación, tiene como objetivo la formación de personas libres y autónomas, con la información adecuada para tomar responsablemente las decisiones que juzguen oportunas sobre todo lo que respecta a su vida sexual. Nadie, y menos un gobierno que se rija por principios democráticos, puede sustraer a una mujer la libertad de decidir acerca de su maternidad. Reclamamos, pues, que el anteproyecto no llegue a convertirse ni siquiera en proyecto de ley.
PLATAFORMA EN DEFENSA DE UNA EDUCACIÓN SEXUAL CIENTIFICA
Laura Cruz, Sexóloga Alicante
